El Colegio de Arquitectos de la provincia de Entre Ríos, CAPER, defendió el proyecto del Senador Rubén Matorras que propone crear en la provincia la “constatación de idoneidad técnica de inmuebles”, para la compra-venta de propiedades, que está en análisis en la cámara alta.
A través de un comunicado de prensa enviado a APF, el CAPER explicó “cuáles serán las ventajas de contar con un certificado de constatación de idoneidad técnica de inmuebles” y señaló que “entre otras cosas, generará transparencia, representará un beneficio a quienes deseen comprar inmuebles y aportará en la calidad de vida de los habitantes de las ciudades”.
“El certificado dará respuesta a la necesidad de contar con un instrumento de Orden Público con carácter de informe, que permita conocer al adquiriente el estado del inmueble que se ofrece a la venta en todas las ciudades de la provincia. De esta manera, quien compre la propiedad conocerá con precisión el estado técnico y administrativo del bien a adquirir”, afirmaron los profesionales de la arquitectura.
En referencia a los objetivos de la propuesta, desde el CAPER enumeraron:
“La promoción de la construcción formal, mediante la participación de profesionales habilitados que permitan alcanzar calidad con racionalidad económica, que redundará en el estado general de las edificaciones urbanas”.
El “respaldo de los proyectos y construcciones”, en este sentido argumentaron que “la intervención de los profesionales en todos los proyectos y obras implica una responsabilidad por diez años, impuesta por el Código Civil. Esto garantiza un mejor resultado y contribuye a generar una cultura que recnozca una obra bien ejecutada, que cumple con las normas vigentes”.
La “disminución de los riesgos devenidos de la obra mal ejecutada” y la “elevación de la calidad de los productos inmobiliarios, respaldando el valor de la propiedad”.
“Contenidos que deberán constar en el certificado”:
Para los arquitectos entrerrianos, “la información que deberá constar en ésta certificación”, tiene que ver con “si el edificio no fue realizado bajo la dirección de un profesional idóneo, ya que en cuyo caso quedaría a riesgo del usuario su comportamiento futuro, más aún en el caso de que el comprador esté efectuando su adquisición para una futura ampliación”.
Asimismo consideran que el certificado de idoneidad, “deberá contar con la información acerca de los usos permitidos para esa construcción respecto del distrito urbano en que se encuentre, ya que las condiciones serán diferentes si se adquiere para uso comercial, depósito, vivienda, cochera, taller, etc”.
Además, “deberá incluir los índices que determinan la ocupación del suelo (F.O.S.), y total (F.O.T.) para tener certezas en el caso de que se pretenda ampliar, o realizar cualquier modificación”.
Del mismo modo, “se tendrán en cuenta datos acerca de: retiros obligatorios o servidumbres de jardín; alturas máximas y mínimas permitidas; edificios declarados como patrimonio histórico arquitectónico o que se encuentren en área histórica preservada”.
Asimismo, “deberá especificarse si existe en la zona infraestructura como red cloacal, gas natural, electricidad y si la propiedad cuenta con conexión a éstas y con documentación aprobada”.
“Cabe destacar que este certificado será una documentación obligatoria al momento de ingresar el trámite de solicitud de inscripción de instrumentos privados o de escrituras públicas relacionados con la constitución, transferencia o extinción de derechos reales sobre inmuebles urbanos públicos o privados”, aclararon finalmente desde el CAPER.
El proyecto de Ley
Este año, el Senador por Gualeguay, Rubén Matorral (FPV), presentó un nuevo proyecto de ley que apunta a la consolidación de la confección de un certificado con las características mencionadas. De esta manera, “no se podrá cerrar ninguna operación de compraventa si no se ha realizado el certificado”. Dicho proyecto cuenta con un antecedente de una propuesta presentada por la senadora mandato cumplido, Teresita Ferrari de Grand.
Esta ley es impulsada por los Colegios de Ingenieros Civiles, Maestros Mayores de Obras y por el de Arquitectos, quienes fueron convocados por la Comisión Legislativa del Senado para su tratamiento en conjunto.
APF Digital
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